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Este artículo se elaboró de forma independiente con el apoyo de la organización sin ánimo de lucro Nobel Women’s Initiative.
Horas antes de que México se enfrentara a Inglaterra en los octavos de final del Mundial, el pasado 5 de julio en el Estadio Azteca, otro partido se jugaba en el corazón de la Ciudad de México.
En una de las grandes rotondas del Paseo de la Reforma, decenas de personas se reunían para disputar una cascarita, el término mexicano para un partido informal de fútbol callejero. Lo hacían a escasos metros de un muro cubierto por completo con fotografías de personas desaparecidas en México.
Alrededor del improvisado campo, familiares de los desaparecidos —en su mayoría madres— conversaban con transeúntes y jugadores. Entre un partido y otro, repartían folletos con los nombres y los rostros de sus seres queridos, aprovechando la atención que despierta el Mundial para visibilizar una de las mayores crisis de derechos humanos que vive el país.
En los últimos 20 años, el número de personas desaparecidas en México, especialmente mujeres y jóvenes, se ha incrementado exponencialmente, una crisis que se ha agravado en particular en la capital. Actualmente se calcula que 135.408 personas permanecen desaparecidas en México desde los primeros registros en 1952.
“Se trata de una crisis de proporciones enormes: son más las personas desaparecidas y en paradero desconocido en México que las que asistirán al partido inaugural de esta Copa Mundial,” dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México en un comunicado de prensa el mes pasado. Estas desapariciones están vinculadas a delitos de violencia de género o feminicidio, en el caso de mujeres, y a la trata de personas y el reclutamiento forzado. En este último, personas en busca de empleo son reclutadas sin saber a lo que se van a dedicar y obligadas a trabajar en actividades relacionadas con el narcotráfico, privandolos de su libertad en centros de reclutamiento clandestinos. Además a estos delitos se añaden aquellos homicidios que se ocultan y se acaban convirtiendo en desapariciones debido a la impunidad con la que se producen las mismas.
“Justo esto habla de la magnitud de la crisis, un problema en el que está relacionada la desaparición y la impunidad ya que no hay suficientes investigaciones que oficialmente nos permitan obtener con certeza la razón de cada desaparición”, explica Alexia Martínez Montalban, defensora mexicana de derechos humanos que actualmente trabaja para el Centro Prodh, una ONG que opera desde hace casi 38 años acompañando casos graves de violaciones de derechos humanos y apoyando a personas que buscan a sus familiares desaparecidos.
En México, la sociedad civil —en particular madres, abuelas, hermanas y tías— lleva años disputando el partido que el Estado decidió dejar de jugar.
“Es una crisis que se ha intentado invisibilizar pero que se ha topado con la exigencia y la dignidad de las mamás buscadoras que están ahí literalmente todos los días buscando a sus hijos e hijas. El Estado no asume adecuadamente la búsqueda de los desaparecidos por la magnitud de la crisis, porque al final se encontraría con su incapacidad para combatir el delito, y con la impunidad total del propio Estado”, explica Martínez Montalban. Incluso, la actual presidenta Claudia Sheinbaum después de casi dos años en el cargo todavía no ha recibido a las madres buscadoras.
La celebración del mundial en el país ha sido una buena oportunidad para amplificar las voces de los que buscan. Además coincide con la activación, por primera vez en su historia, del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. El Comité responsable determinó que existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican en México de forma “generalizada y sistemática” y, al superar la capacidad de acción del Estado, decidió elevar esta crisis con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General de la ONU. “El Estado mexicano reaccionó de la peor manera”, cuenta Martínez Montalban, descalificando a un Comité que lleva años evaluando la situación en México.
“Las madres buscadoras están supliendo lo que debería hacer el Estado dejando en el camino su integridad. Se dedican a buscar a sus seres queridos desaparecidos casi 24/7. Su proyecto de vida cambia por completo, dejan de trabajar. A ninguna mamá le debería de tocar ir a buscar a su hijo a un servicio médico forense en la manera en la que lo hacen o a basureros, fosas clandestinas, arriesgando su vida y sin la protección adecuada por parte del Estado a pesar de ser contextos sumamente violentos,” añade Martínez Montalbán.
A día de hoy se suman más de 35 mujeres buscadoras asesinadas desde 2010.
Aún así, ellas se organizan en colectivos para buscar; otras lo hacen por su cuenta. A menudo ni siquiera acuden a la policía ya que puede ser más arriesgado para ellas. En otras ocasiones, van a buscar en lugares concretos acompañadas por la policía municipal o policía estatal o por el ejército porque ellas ya han hecho su propia investigación y “es ahí donde tenemos que cavar la tierra”.
Martínez Montalbán apunta, mientras hablamos, que justo esa misma mañana, fue encontrada una chica que llevaba desaparecida desde el 21 de junio, días después de que se jugara el partido inaugural del Mundial en la Ciudad de México. Apareció muerta en una zona montañosa y peligrosa llamada Ajusco al sur del Estadio Azteca donde muchos van a buscar.
El equipo del Centro Prodh acompaña a los familiares en los procesos de búsqueda, de justicia y de la verdad, ofrecen representación legal y asesoran en temas muy específicos cómo pedir las cámaras de vigilancia donde ha desaparecido un ser querido. “Existen situaciones en las que, cuando ocurre una desaparición, se les dice a las familias que tienen que esperar 72 horas, a pesar de que las primeras horas son cruciales para la búsqueda de sus hijos, en las que se pierde evidencia porque no se investiga, y en las que por supuesto sabemos que hay colusión entre el Estado y el crimen organizado. Digamos que el Estado de México reacciona negando su responsabilidad a muchos niveles,” explica Martínez Montalban.
No obstante, en el momento que ocurre otra desaparición, la sociedad civil se moviliza. Como fue el caso de Leonardo, un profesor colombiano en la Universidad Iberoamericana Puebla, que fue encontrado a las dos semanas de desaparecer en enero de 2026. En primer lugar, se hace público el caso para que inmediatamente se pueda acceder a cierta información relevante acerca de dónde estuvo. Y en segundo lugar, se activa de inmediato la exigencia ciudadana de buscar a la persona desaparecida a través de redes y otras organizaciones de apoyo.
El Centro Prodh cuenta con un formato online preconcebido por abogados para que las familias de desaparecidos puedan presentarlo rápidamente ante un juez o un ministerio público. Además, también ofrecen talleres como la identificación forense. “Existen casos muy claros y muy recientes de personas que han buscado a sus hijos e hijas por 1, 2, 3, o incluso 7 años y que se enteran que muy poco tiempo después de su desaparición estuvieron en algún servicio médico forense del país y que nunca se hicieron los cruces de información necesarios para decirles que su hijo estaba ahí,” lamenta Martínez Montalban. Sucede a pesar de que los familiares de los desaparecidos entregan sus muestras de sangre y sus datos. Esto que suena a ciencia ficción se conoce en México como la crisis forense.
Cuando se recibe un cuerpo, no se realizan adecuadamente los procedimientos forenses de identificación genética, odontología, etc. para que se pueda hacer cruces de datos con los datos genéticos de sus familiares. No existe un registro o base de datos oficial que incluya toda la cantidad de cuerpos que permanecen sin ser identificados y que están en resguardo del Estado en distintos lugares. La cifra de cuerpos sin identificar en México es aproximada en base a la estimación que hacen las familias de personas desaparecidas junto con organizaciones de la sociedad civil. Si no se cruzan datos y no se puede poner nombres y apellidos a los cuerpos que están sin identificar, es imposible concluir si algunos desaparecidos podrían seguir con vida en centros de reclutamiento clandestinos.
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Existen casos de familias de desaparecidos en México a las que se les entrega un cuerpo equivocado porque los servicios médicos forenses están desbordados. En la ciudad de Guadalajara vivieron un macabro escándalo en 2018 cuando dos tráileres refrigerados pertenecientes al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fueron abandonados después de deambular por la ciudad porque se habían quedado sin espacio para almacenar los cuerpos que no habían sido reclamados.
Es casi imposible entender la inoperancia de las autoridades en México, tanto a nivel federal como local. “Con respecto a los cuerpos sin identificar, sin duda es un tema de fracaso administrativo que también revela la falta de investigación”, dice Martínez Montalban. “Pero también existe una falta de voluntad política intencionada por parte del Estado, sumada por supuesto a la falta de capacidades en las fiscalías, en las comisiones de búsqueda”.
Existe una relación muy particular entre algunas desapariciones y el reclutamiento forzado que, según Martínez Montalban, están atravesadas por el narcotráfico, por el crimen organizado, pero también por la vinculación de la policía municipal y del ejército, en lo que se conoce como redes de macrocriminalidad, y que permiten que a día de hoy se siga sin dar con el paradero y la suerte de muchas personas. El caso más destacado fue la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014. Los hechos ocurrieron en el estado de Guerrero, al sur de México, cuando un grupo de estudiantes tomó varios autobuses para viajar a una manifestación en la Ciudad de México. En el trayecto, fueron interceptados por policías municipales de Iguala y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“A día se hoy se ha impedido que las familias de los chicos accedan a información fundamental para dar con su paradero, y se ha negado la supervisión internacional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,” lamenta Martínez Montalban.
La participación de México en el mundial concluyó el mismo día 5 de julio con su eliminación ante Inglaterra. Pero en aquella rotonda del centro de la Ciudad de México, llamada la Glorieta de las y los Desaparecidos, el partido seguirá en juego. Allí, el pitido final no sonará hasta que todas las personas desaparecidas en México sean encontradas. Porque, para las madres buscadoras, el partido sólo terminará cuando logren encontrar a cada uno de sus seres queridos.
