Este artículo se elaboró de forma independiente con el apoyo de la organización sin ánimo de lucro Nobel Women’s Initiative.
El mismo día que conocí a la abogada guatemalteca Astrid Escobedo, los Estados miembros de la Corte Penal Internacional votaban a favor de destituir a su fiscal jefe, Karim Khan. El abogado británico se enfrenta a graves acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de una integrante de su equipo.
Escobedo conoce bien los entresijos de ese mundo. En 2023 se convirtió en la primera abogada centroamericana en formar parte de la Lista de Abogados de la Corte Penal Internacional (CPI), y además integra un Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad y Violencia Sexual y de Género de la Asociación de Abogados de la CPI. Pero nuestro encuentro aquel día tenía, en realidad, otro propósito: entender cómo una abogada guatemalteca con una trayectoria internacional en derechos humanos había acabado en Filadelfia, poniendo su experiencia al servicio de la mujer latina inmigrante.
Hasta octubre de 2019 Escobedo había vivido en Guatemala donde creció en pleno conflicto armado. Desde niña ya se daba cuenta de las cosas que pasaban a su alrededor, “era muy curiosa, preguntaba,” me explica. A los 12 años ya decide que quiere ser abogada para ayudar a la justicia de su país; años más tarde se gradua como abogada por la Universidad de San Carlos de Guatemala. “En la universidad a mí me tenían el apodo de ‘la abogada de las causas imposibles’, porque yo siempre defendía quizás lo que los demás no se animaban, porque obviamente crecimos en una sociedad con miedo.”
Al año de graduarse Escobedo se va a trabajar a Washington DC con la beca Rómulo Gallegos otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Normalmente los abogados que llegaban a la beca hacían casi lo imposible para quedarse trabajando en la Comisión Interamericana pero Escobedo quiso regresar a Guatemala “para sacar adelante las cosas de mi país.” Con un máster en Derechos Fundamentales y estudios de doctorado por la Universidad Carlos III de Madrid, regresa a Guatemala en 2005 para abrir su oficina donde representa a víctimas de desaparición forzada como es el popular caso de Florencio Chitay Nech, así como casos sobre los derechos de los pueblos indígenas y violencia de género.
Todo cambia para Escobedo cuando, cuatro años más tarde, empieza a trabajar para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente de carácter internacional que se crea en el 2007 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado.
“La CICIG se convierte en mi vida. Me contratan como oficial legal para apoyar al equipo que estaba fundando la fiscalía. Lo que aparentaba que iba a ser un trabajo administrativo no lo fue, y empecé a apoyar investigaciones y a litigar casos relacionados con la corrupción, el crimen organizado y las redes ilícitas,” explica Escobedo. Así estuvo durante casi 11 años hasta que el presidente Jimmy Morales finaliza unilateralmente el acuerdo entre la ONU y Guatemala en 2019 y expulsa al comisionado.
“Yo me involucré por completo en defender a mis compañeros internacionales de las expulsiones sin pensar en los riesgos.” Además, en ese momento, ella apoyaba casos de defraudación tributaria y aduanera donde estaban involucrados diputados y las familias más ricas de Guatemala. En 2017 alertan a Escobedo que han abierto un caso en la Fiscalía de Lavado de Dinero contra ella por importe de $2.500. “Es un delito muy cómodo para quitarme del camino,” dice Escobedo. Si no hay suficientes elementos de convicción, el juez puede ordenar que la investigación continúe durante tres meses y, mientras tanto, hay que permanecer en prisión preventiva. No hay medidas sustitutivas. Su caso fue investigado llegando a la conclusión de que no había ningún delito, pero cada vez que se programaba una audiencia, acababan suspendiéndola. La última estaba prevista para febrero de 2020 y, desde entonces, nunca la han vuelto a reprogramar.
“Ya tenía enemigos por todas partes y ningún apoyo en el país. Nadie nos daba trabajo. Naciones Unidas nos dio la espalda”, lamenta Escobedo. Sin otra opción, tuvo que abandonar el país. Acudió a la Agencia de la ONU para solicitar refugio, pero su solicitud fue denegada debido al caso abierto de lavado de dinero. Exploró otras opciones sin éxito y finalmente se mudó con su hermana a Filadelfia, donde ha reconstruido su vida en los últimos siete años.
“Ha sido un desafío trabajar acá sin un título de una universidad americana. Después, cuando ven que tengo mucha experiencia dicen que estoy sobrecalificada, ni siquiera pude trabajar de mesera o en un supermercado,” explica Escobedo. Entonces empieza a entrar en contacto con las comunidades migrantes, y ahí es donde se da cuenta de todo lo que puede aportar esta activista latina en Filadelfia. “Conozco a una persona salvadoreña que me lleva al programa de violencia doméstica, aquí no lo llaman violencia machista”, explica Escobedo. “Entonces uno empieza a comparar y a entender por qué no se ratifican acá los convenios y tratados internacionales y no se usan muchos términos que usamos en el resto de los países.”
En Estados Unidos más de 43 millones de mujeres (el 25 % de la población femenina) han sufrido violencia de pareja (física, sexual, acoso, agresión psicológica y determinadas formas de control y coerción) a lo largo de su vida, según los últimos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las mujeres latinas en Estados Unidos sufren violencia de pareja en tasas similares o inferiores a las de otras mujeres. Según los últimos datos de CDC desglosados por etnia, correspondientes a 2017, revelaron que el 42,1 % de las mujeres latinas había sufrido violencia de pareja, violencia sexual o acoso por parte de su pareja en algún momento de su vida.
Artículo Recomendado: ¿Puede Una Comunidad Ser Dueña De Un Diseño? Las Tejedoras Mayas Dicen, ‘Sí’
“En el caso de latinas inmigrantes yo creo que las estadísticas se quedan cortas comparada con la realidad que se vive aquí porque se enfrentan a obstáculos mucho mayores para denunciar y buscar ayuda”, añade Escobedo. Queda por ver cómo el clima político antiinmigración afecta a las denuncias. No solamente las inmigrantes latinas son menos propensas que las latinas no inmigrantes a buscar ayuda en servicios formales debido al poco dominio del inglés, menor educación y situación migratoria irregular sino que no existe un sistema comprometido con los migrantes como ocurre en Upper Darby a las afueras de Philadelphia donde Escobedo ha trabajado. “No hay oficiales, trabajadoras sociales y psicólogas que hablen español por lo que no tienen la capacidad de atender las denuncias de las mujeres”, explica. Solo en Upper Darby hay más de 100 idiomas identificados por la policía para los que no tienen traductores. A Escobedo le ha tocado acompañar a las mujeres a denunciar tanto a la estación de policía como intervenir como traductora a víctimas de violencia doméstica.
No es un secreto que la violencia doméstica adquiere una dimensión diferente para las mujeres migrantes, que a menudo carecen de una red de apoyo —familiares, amigos o comunidad— en la que puedan apoyarse. En el programa de radio Voz Colectiva Comunitaria, dirigido a la comunidad latina de Filadelfia y en el que participa Escobedo, han introducido el concepto de “violencia vicaria”, que muchas mujeres sufren sin siquiera reconocerla como tal porque determinados comportamientos están normalizados. Entre ellos están las amenazas relacionadas con su situación migratoria y la custodia de sus hijos, incluso en parejas binacionales.
Lamentablemente, observa Escobedo, este negocio de la inmigración y todas las barreras que ponen fomentan el crimen organizado y la explotación. “Por eso, no solo nos enfocamos en la violencia doméstica, sino que también nos esforzamos por educar y empoderar a la comunidad migrante. Es difícil comprender el submundo que existe debido a las personas en situación irregular. Todo gira en torno a no tener un permiso de trabajo”. Escobedo trabaja con madres solteras que se enfrentan a constantes desafíos para criar a sus hijos mientras intentan conciliar la vida laboral y familiar. Señala que contratar a una niñera puede costar $30 por una tarde, mientras que si la madre tuviera los papeles en regla una cuidadora le cobraría entre $15 y $20 por hora. El costo más alto no necesariamente se traduce en una mejor atención; más bien, puede exponer a los niños a posibles abusos por temor a denunciarlos.
En otro tipo de casos, Escobedo recuerda el de una niña americana que estaba en el community college, hija de padres migrantes que no tenían papeles, que ayudó a ver todas las universidades y préstamos a los que podía acceder como ciudadana. “El reto es aprender a navegar en el sistema, como lo llaman aquí.”
“Lo que estoy viviendo ahorita, yo no lo viví cuando fui becaria en DC, porque ese era el mundo internacional, una burbuja. Ver las necesidades y los desafíos de la comunidad latina en Filadelfia es de verdad muy duro,” explica la activista guatemalteca. “Encontrar este camino ha sido muy difícil y ha costado también muchas lágrimas, pero no voy a negar que todo al final es una oportunidad para compartir lo que uno sabe, desarrollarse y aprender. Mi satisfacción personal es decir, bueno, tengo una calificación que supera esto, pero por otro lado estoy ayudando a gente que realmente lo necesita”.
Alrededor de 50 guatemaltecos se encuentran en el exilio por razones similares a las de Escobedo, dispersos por todo Estados Unidos. Ella cuenta que recientemente comenzaron a organizar una cooperativa específicamente para la población migrante guatemalteca con el fin de ayudarlos a comprender sus derechos. Escobedo está liderando un proyecto inicial que asiste a las personas a desarrollar un plan de emergencia y seguridad en caso de arresto o deportación. Los anima a considerar preguntas importantes: ¿Qué deberían planear hacer? ¿Tienen hijos? ¿Tienen pasaportes? ¿Qué piensan hacer con ellos? ¿Tienen permiso para viajar a Guatemala? Si son arrestados mientras conducen, ¿quién recogerá su auto? ¿Tienen las llaves del auto?
“Mi experiencia me ha enseñado que hay que estar abierta a renacer”, afirma. Escobedo lo ha dejado todo atrás: sus sueños, su familia, su carrera y sus posesiones materiales. Como abogada, no tiene clientes esperándola en Guatemala, ni ninguna organización dispuesta a recontratarla, ya que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no abrirá de nuevo. “Y las demás organizaciones no nos quieren. Yo he aplicado a trabajo en Guatemala y simplemente no me llaman”, añade. En Estados Unidos, ha encontrado su propósito y ahora estudia para obtener su maestría en Derecho (LLM) y así poder ejercer como abogada de inmigración.
Artículo Recomendado: La Tarjeta Roja Que México No Puede Ignorar
Adicionalmente, Escobedo continúa participando activamente en redes jurídicas internacionales y promoviendo los derechos humanos a través de litigios estratégicos, investigación y defensa de políticas públicas. Sigue siendo la única abogada centroamericana en la lista de abogados de la Corte Penal Internacional y forma parte de un Grupo de Trabajo sobre Género, Diversidad y Violencia Sexual y de Género de la Asociación de Abogados de la CPI. Este es un grupo de trabajo que no investiga ni sanciona directamente a jueces, fiscales o abogados. Su función se sitúa dentro del monitoreo y la representación profesional, la igualdad, la prevención, la formación y la defensa de unas condiciones de trabajo adecuadas para quienes ejercen ante la Corte así como para las víctimas y en general las partes involucradas en los procesos ante la CPI.
Con respecto a la destitución de Karim Khan, Escobedo señala la necesidad de una investigación exhaustiva para garantizar que se haga justicia. Afirma: “Las denuncias de acoso sexual pueden dañar gravemente la reputación de una persona. He presenciado casos muy similares, como lo que le sucedió a uno de los Jefes de Investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y también cuando a uno de los comisionados se le fabricaron relaciones extramatrimoniales para interferir en su cargo”, comparte, refiriéndose al fiscal Carlos Castresana. Este abogado fue un pionero en la lucha contra la corrupción en España y llegó a Guatemala en 2007 para dirigir la CICIG, designada por la ONU. En ese entonces, tuvo que pasar sus primeros meses estableciendo la comisión sin personal, sede, presupuesto ni infraestructura.
Años más tarde decidió regresar a España debido a la brutal campaña a la que fue sometido. “En el caso del ex Jefe de Investigaciones manifiesta que tenía enemigos hasta dentro de la comisión”, dice Escobedo. “Estaba tan decepcionado que renunció, aunque al final no había caso contra él”.
“Al ideal de justicia que yo tenía no le debo nada. Yo lo cumplí. Que este es el resultado de luchar por la justicia, sí, este es, pero estoy viva. Porque el lema era exilio, encierro o entierro. No llegaron al entierro, pero sí al encierro poniendo en prisión a algunas de mis ex colegas, ex fiscales, periodistas y defensores de derechos humanos. Yo, lo tenía claro, este país ya ha tenido muchos mártires para que yo sea una más.”
