Este artículo se elaboró de forma independiente con el apoyo de la organización sin ánimo de lucro Nobel Women’s Initiative.
Desde el 10 de agosto de 2026, un campamento permanente con una importante participación de mujeres ocupa una zona verde frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Quienes lo mantienen tienen un objetivo: defender los derechos territoriales del pueblo garífuna, un pueblo ancestral que se instaló en el litoral caribeño a finales del siglo XVIII después de décadas de resistencia al dominio colonial.
En un país de apenas 11 millones de habitantes, una lucha que sigue siendo desconocida para muchos podría pasar inadvertida fuera de sus fronteras. Sin embargo, lo que está en juego trasciende Honduras: la defensa de los territorios ancestrales garífunas cuestiona un modelo de desarrollo basado en grandes proyectos turísticos y en la especulación inmobiliaria, cuyas consecuencias se extienden desde los barrios urbanos hasta los destinos turísticos más codiciados, donde la población local encuentra cada vez más dificultades para seguir viviendo. Ellos apelan al derecho de la propiedad colectiva frente a la presión del capital internacional sobre el territorio.
Dicho territorio está bañado por las aguas cristalinas del mar caribe a lo largo de la costa atlántica de Honduras, cuya titulación se dio en el año 1885 cuando se recibió de manos del Gobierno de la República de Honduras el primer título ejidal a favor de los caribales de Punta Icaco (Santa Fe), San Antonio y Guadalupe. Desde entonces no ha dejado de haber episodios de conflicto en unas tierras ricas en recursos y de playas desiertas, que para la comunidad garífuna es su hogar diario y otros ven como una oportunidad lucrativa.
El caso de conflicto más sonado fue una sentencia internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en marzo del 2026 que protegía a las comunidades garífunas del archipiélago de Cayos Cochinos en la costa hondureña, frente al rodaje de ‘Supervivientes’ uno de los reality shows más vistos de la televisión española, y ordenaba al Estado de Honduras a devolver la gobernanza de Cayos Cochinos a sus habitantes ancestrales tras dos décadas de exclusión y amenazas.
Las mujeres garífunas se han erigido como algunas de las líderes más visibles en la lucha por defender las tierras ancestrales y los derechos colectivos de su pueblo. Según el Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos, se han registrado al menos 15 ataques contra mujeres garífunas —una cifra que representa solo la punta del iceberg—, incluyendo la intimidación policial a las participantes del campamento feminista “Viva Berta”, creado en 2021 para acompañar el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres.
La presión sobre los derechos territoriales del pueblo garífuna no ha dejado de aumentar en 2026. En junio el gobierno del conservador Nasry Asfura aprobó una nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, para fomentar las inversiones en el país. Esta ley faculta tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional a actuar de inmediato ante casos de “invasiones” que atenten contra empresarios.
La norma exceptúa aquellos territorios que son tierras garífunas, ya que el artículo 346 de la Constitución de la República de Honduras establece el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, pero, en la práctica, eso no se ha cumplido. Cinco integrantes de OFRANEH, una organización de base del pueblo garífuna por la defensa de sus derechos territoriales, enfrentan procesos penales después de haber sido detenidos durante un operativo policial en la comunidad Garífuna de San Juan, Tela, en el contexto de la defensa de su territorio ancestral. Algunos están acusados de “usurpación agravada” por arrancar palmas de árboles que se necesitan dos veces al año para sus casas ceremoniales y que están en ciertas zonas del territorio que ha sido acaparado.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades hondureñas poner fin a su criminalización y ha señalado que el caso ocurre en un contexto más amplio de discriminación y discursos racistas contra las comunidades garífunas.
“La diferencia es que ahora sí que existe, y digo ahora porque antes no era así, una intencionalidad de desplazarnos”, me cuenta la activista Miriam Miranda, una de las voces más conocidas de este movimiento y coordinadora general de la organización OFRANEH. Estos días se encuentra sobre el terreno, lejos de la capital hondureña, y hablamos gracias a una conexión de Wifi operada por la energía del sol que a menudo cubre las playas de la zona. En el pasado, Miranda ha recibido amenazas de muerte en relación con su labor de defensa de las tierras y la cultura ancestral garífuna. En 2014, sufrió un secuestro con intento de asesinato, junto con Karen García, también miembro de OFRANEH. Los procesos de criminalización son un problema particular para los líderes garífunas, incluyendo un caso de 2017 presentado por el dueño de una empresa de turismo y hostelería, que acusó a líderes garífunas de usurpación de tierras.
El potencial turístico, y el anhelo que sienten muchos empresarios con poder y dinero, que llegan a su villas en helicóptero y nunca ponen un pie en las calles de los pueblos garífunas, cuenta Miranda, así como la voracidad inmobiliaria del capital internacional, ha generado un conflicto en un territorio que muchos quisieran poseer.
Pero ojo, advierte Miranda, “es muy importante que se entienda que no quiere decir que nosotros no queramos compartir el territorio. Este elemento lo han sabido aprovechar para generar no solamente confusión, sino generar odio racial contra el pueblo garífuna argumentando que no queremos acoger a otras personas. La gente tiene derecho a venir de Tegucigalpa, de la capital, y de esos lugares donde la gente pasa tan cansada, estresada, pero tienen que respetar lo que significa vivir en una comunidad garífuna”. Es una cuestión de gobernanza, de determinar quién decide sobre el uso del territorio, qué actividades económicas son compatibles con la vida comunitaria y cómo se distribuyen los beneficios.
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La solución que el pueblo garífuna propone es la protección jurídica de la propiedad colectiva del territorio ancestral que concede la última palabra sobre las tierras a la propia comunidad y garantiza la preservación de la cultura y la identidad.
La distinción de propiedad colectiva importa. Miranda me explica por qué cree que el título individual es una trampa. “Desde el momento que el Estado comienza una campaña con las comunidades indígenas, garífunas, o cualquiera que sea de los pueblos culturalmente diferenciados, a privilegiar la posesión de títulos individuales, el Estado está abriendo la puerta para que la comunidad pierda el derecho sobre las tierras, poniéndolas en el mercado”, explica Miranda. Según ella, no existe ejemplo alguno en el planeta que a través de individualizar la propiedad entre pueblos indígenas que han utilizado el sistema comunitario logren erradicar la pobreza. Al contrario, la individualización conduce a la venta de las tierras y a una migración hacia los centros urbanos, situación que deriva en la pérdida de la cultura y fomenta la miseria.
Dentro del pueblo garífuna, las tierras individuales se regulan por un sistema de herencia familiar que es igual para todos, donde existe una constancia tanto escrita como verbal, de quién es el heredero de la tierra que trabajaban sus antepasados y tiene un derecho de usufructo sobre la misma de por vida.
“El problema se genera cuando tú le pones precio a ese derecho que tienes. Entonces generas un conflicto dentro de la comunidad,” dice Miranda. “Porque mira, al final de cuentas, para nosotros la tierra no tiene precio, porque te van a dar unos centavos que te los vas a gastar a la vuelta de la esquina, pero tu tierra va a tener mucho más valor. Por eso siempre hemos reivindicado que se respeten los títulos comunitarios, lo cual genera equilibrio en la comunidad”.
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En principio, el planteamiento de los derechos territoriales del pueblo garífuna no se tendría que contradecir con la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada como condiciones para atraer inversiones y generar empleo. La contradicción aparece cuando las políticas de inversión no reconocen adecuadamente los derechos ancestrales o cuando se priorizan los intereses privados y las actividades económicas de las empresas frente a las reclamaciones de las comunidades y su derecho a tomar decisiones sobre lo que se hace en su territorio.
Este patrón se repite no sólo en el caso particular de la comunidad ancestral garífuna sino en comunidades locales en todo el mundo. Como es el caso de la isla de Sazan en Albania que Jared Kushner quiere transformar en un exclusivo destino turístico, pese a las protestas masivas para impedirlo. Otro caso sonado en Honduras fue el proyecto de ciudad cripto-libertaria llamado Próspera que ha sido vinculado en otros medios de comunicación con inversores tecnológicos como Peter Thiel, Marc Andreessen y Sam Altman.
Existen sentencias a favor de pueblos indígenas, incluidos los garífunas, pero el problema siempre es el mismo, dice Miranda, el Estado, a pesar de que sea sentenciado, no garantiza la sentencia en la práctica. Además, debería buscar la manera de cómo generar responsabilidad social de los empresarios. Sin embargo, es al contrario. En el caso de Honduras y en otros países donde existe un estado de derecho frágil, se crean condiciones institucionales que priorizan los intereses de la empresa privada en nombre del desarrollo económico.
Miranda invita a cuestionarnos qué significa desarrollo, término que ella califica como una palabra mágica introducida hace unos 70 años, a la que parece que uno se opone cuando se exige la consulta sobre alguno de esos megaproyectos turísticos de enclave que desplaza comunidades. “Porque claro eso no nos va a desarrollar”, sonríe Miranda. “Eso lo hemos visto incluso en las ciudades cuando vienen y nos dicen que van a construir centros comerciales para pasear donde antes la gente podía sentarse a disfrutar del aire puro. Entonces se convierte en un espacio para desear algo imaginario, porque lo que ven y desean comprar, al final no hay dinero en el bolsillo”. Y añade, “Existe una necesidad también urgente de ver la territorialidad de lo urbano.”
“En este momento nos damos cuenta que la crisis económica que hay, la crisis civilizatoria, moral, social, y medioambiental, hace que nosotras hagamos un esfuerzo enorme para estar mejor psicológicamente dentro de nuestra comunidad. Hay una palabra muy importante en el mundo garífuna que se llama aura buni amoru nuni, que es “tú para mí, yo para ti”. La lucha del pueblo garífuna tiene que ver con algo tan profundo como la humanidad.
